RESUMEN: La democracia electrónica, en algunas de sus modalidades, presenta retos referidos a la autenticidad de las actuaciones realizadas y, en especial, en relación con la identificación de los ciudadanos que ejercitan su derecho. En el caso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la regulación actual, contenida en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 3/1984, de 23 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular (LOILP), añadido por Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, autoriza que “las firmas se podrán recoger también como firma electrónica conforme a lo que establezca la legislación correspondiente”, referencia que debe entenderse realizada a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (LFE), que actualmente establece, en un enfoque tecnológicamente neutral, diversos tipos de firma electrónica. Sin embargo, el Acuerdo de 10 de mayo de 2012, de la Junta Electoral Central, aplica esta posibilidad de forma extraordinariamente restringida, e injustificadamente alineada con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la normativa de interoperabilidad.

El efecto de esta “regulación” es absolutamente desastroso en términos de efectiva participación: restricción de uso de casi todos los sistemas de firma electrónica, obligación de empleo de certificados admitidos por la Administración, imposición de formatos técnicos específicos, imposibilidad de uso de formas de identidad digital de la Web 2.0…; en definitiva, un régimen que en términos prácticos hacen casi inviable el ejercicio de este Derecho.

PALABRAS CLAVE: Firma electrónica, Certificado electrónico, Identificación electrónica, Democracia electrónica, Iniciativa legislativa popular

JPeña

Javier Peña

javier.pena@mifirma.com

Ingeniero en informática por la UPM y la UNED. Analista de Desarrollo Informático, experiencia de administración y programación en diversas BBDD. Jefe de proyecto en diversas aplicaciones. Especialidad en proyectos con la arquitectura .NET. Gran experiencia en proyectos GIS con productos ESRI y de Open Source. Presidente de MiFirma-com.

IAlamillo

 

Ignacio Alamillo Domingo

ignacio.alamillo@uab.cat

Abogado. Licenciado en Derecho por la UNED. Diploma de Estudios Avanzados por la UAB. – Auditor de Sistemas de Información certificado por ISACA. Director de Seguridad de la Información certificado por ISACA. Investigador del Centro de Gobierno del Riesgo de la Universidad Autónoma de Barcelona (GRISC UAB). Ha sido miembro del grupo directivo europeo de Seguridad de Redes y de la Información de la Unión Europea, del grupo directivo europeo de la Iniciativa Europea de Normalización de la Firma Electrónica, del grupo de Infraestructura de Seguridad de Firma Electrónica del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y del Consejo de Certificación de ASIMELEC. Ha participado en dieciséis libros sobre aspectos jurídicos de la sociedad de la información, ha publicado numerosos artículos e impartido más de trescientas ponencias en firma electrónica, seguridad y materias relacionadas.