Abstract

El Tribunal Supremo de Suecia formuló una petición de decisión prejudicial al TJCE en el marco de un litigio entre las sociedades Bonnier Audio y otros y ePhone en relación con la oposición formulada por ePhone contra una solicitud de requerimiento judicial de revelación de información presentada por Bonnier Audio y otros, en aras de identificar a un determinado abonado. La petición pretende que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncie sobre dos cuestiones prejudiciales. En primer lugar, si la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la presentación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones se opone a la aplicación de una disposición de derecho nacional basada en el artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que permite que, a efectos de identificación de un abonado, se requiera en un procedimiento civil a un proveedor de acceso a Internet para que facilite al titular de un derecho de autor información relativa al abonado al que dicho proveedor de acceso asignó una dirección IP concreta, supuestamente utilizada para infringir dicho derecho. En segundo lugar, el Tribunal Supremo sueco plantea (también) si influye en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que el Estado miembro no haya adoptado su Derecho interno a las disposiciones de la Directiva 2006/24. El planteamiento de sendas cuestiones prejudiciales resultan relevantes desde el punto de vista constitucional teniendo en cuenta los derechos susceptibles de verse afectados – a saber – intimidad personal, protección de datos, derechos de autor y, por extrapolación, secreto de las comunicaciones – todo ello en relación con la conservación de datos. Cuestiones que no son baladíes teniendo en cuenta las críticas que en su día suscitó la Directiva 2006/24. Críticas que supusieron un profundo cambio en los principios generales en materia de protección de datos y de secreto de las comunicaciones. Pero críticas que – al fin y al cabo – fueron justificadas por esa finalidad de garantizar que los datos conservados por los operadores estuvieran disponibles para las autoridades competentes con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, esto es, estuvieran disponibles para luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo.

Author’s bio


María Concepción Torres Díaz es Abogada y Profesora Asociada de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. Máster en Sistemas y Servicios de la Sociedad de la Información, especialidad Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad de Valencia y Premio Extraordinario de Máster. Integrante de la Red Derecho TICs, red de especialistas en derecho de las tecnologías de la sociedad de la información y comunicación y de la Asociación Española de Profesionales de la Privacidad (APEP). Secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional.